La justicia escocesa declara "ilegal" la suspensión del Parlamento británico resuelta por Johnson

Los tres magistrados de la corte de Apelación de mayor rango de Escocia revierten la decisión inicial tomada el pasado 7 de septiembre por el juez Raymond Doherty.


El Alto Tribunal de Apelación de Escocia declaró hoy "ilegal" la decisión del primer ministro británico, Boris Johnson, de suspender el Parlamento del Reino Unido en el período previo a la salida del país de la Unión Europea (UE), prevista para el 31 de octubre.

Con esta decisión, los tres magistrados de la corte de Apelación de mayor rango de Escocia revierten la decisión inicial tomada el 7 de septiembre por el juez Raymond Doherty, quien había considerado que la medida del premier estaba "ajustada a la ley".

Para los jueces, ordenar el fin del periodo de sesiones en Westminster es ilegal "porque tenía el propósito de obstaculizar la tarea del Parlamento".

La sentencia de primera instancia consideraba a la maniobra de suspender el Parlamento como "una decisión política" y sugería que -como solución- el propio Parlamento usara los cauces políticos para defenderse.

El gabinete de Johnson se mostró "decepcionado" con la decisión y señaló que suspender el Parlamento "es la forma legal y necesaria" para poder "presentar una agenda legislativa nacional sólida".

Si bien el fallo de hoy constituye un duro golpe al premier, el proceso judicial no concluye aún y el gobierno británico ya anunció que apelará la decisión.

Además, no afectará de inmediato la suspensión actual del Parlamento.

Está previsto que la Corte Suprema, máxima instancia judicial británica, celebre una audiencia la semana próxima para evaluar este caso y otro presentado por la activista anti-Brexit Gina Miller, al que se sumó también el ex premier John Major.

La querella resuelta en Escocia fue presentada por un grupo de más de 70 parlamentarios, entre ellos la representante del Partido Nacionalista Escocés (SNP) Joanna Cherry, la líder de los Liberales Demócratas, Jo Swinson, varios diputados laboristas e independientes y la asociación contraria al Brexit "The Good Law Project".

En declaraciones a los medios tras conocerse el dictamen, Cherry instó a que se decrete la reapertura del Parlamento para poder continuar "escrutando lo que está dispuesto a hacer el Gobierno en relación al Brexit".

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, por su parte, se pronunció en la misma línea al llamar a una reanudación de la actividad parlamentaria "inmediata" y afirmó que el comportamiento de Johnson está siendo "indignante" e "imprudente".

El vocero laborista para el Brexit, Keir Starmer, celebró la decisión, aunque reconoció que no era algo "esperado", pese a que resultaba "obvio para todos que cerrar el Parlamento en este momento crucial era algo incorrecto".

Los partidos de la oposición -con el respaldo de un grupo de 21 diputados conservadores descontentos con la gestión de su gobierno- aprobaron la semana pasada una ley que obliga al premier a pedir una prórroga del Brexit si no llega a un acuerdo con la Unión Europea (UE) el 19 de octubre, con el objetivo de evitar una ruptura no negociada.

Los parlamentarios que se querellaron contra el gabinete conservador consideran que el objetivo de Johnson es silenciar al Parlamento con la estrategia de clausurarlo de cara a la ruptura del Reino con la UE.

El objetivo del primer ministro es presentar su agenda legislativa para el próximo año en lo que se conoce como el "Discurso de la reina" el 14 de octubre.



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